El pasado 14 de agosto de 2025, la Asociación de Pymes de Actividades Náuticas (APANIB) presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares contra el nuevo decreto del Govern que regula el alquiler de embarcaciones. Desde APROLISE, aunque nuestra misión principal está centrada en la defensa de los propietarios particulares de embarcaciones de lista séptima, apoyamos firmemente esta acción porque entendemos que el decreto no afecta únicamente a las pymes, sino que impacta de forma indirecta en el conjunto del sector náutico.
Nuestra asociación siempre ha defendido un principio básico: un sector náutico justo, en igualdad de condiciones para todos. Cualquier normativa que beneficie a unos pocos y limite al resto no solo es injusta, sino que amenaza la sostenibilidad de toda la actividad. Y este decreto, con restricciones desproporcionadas y cambios que comprometen la seguridad en el mar, va precisamente en esa dirección.
Además, no se puede situar a Baleares en un punto de desventaja competitiva frente a otras Comunidades Autónomas, que no están sujetas a este tipo de trabas. El riesgo es evidente: cancelaciones, pérdida de actividad económica y fuga de clientes hacia otros destinos. Y lo más preocupante, esta desventaja se extiende también a nivel internacional: países como Grecia, Croacia, Italia o Francia, potencias europeas del sector náutico, ofrecen un marco legal mucho más estable y atractivo. Si Baleares se queda atrás, las consecuencias económicas y sociales serán inevitables.
Por eso, desde APROLISE queremos dejar claro que, aunque nuestra labor diaria esté centrada en los propietarios particulares, nos sumamos a esta reivindicación porque afecta a toda la comunidad náutica. Defender un marco normativo equilibrado es defender la seguridad, la competitividad y el futuro del sector en su conjunto.
Creemos que este tema se trata de una batalla común por un sector más justo, competitivo y sostenible para Baleares y para todos los que formamos parte del sector náutico.