El Gobierno central ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto autonómico del Govern balear que regula el alquiler temporal de embarcaciones privadas, una actividad permitida por la normativa estatal bajo determinadas condiciones.
Este recurso abre un nuevo escenario jurídico que afecta directamente a los propietarios de embarcaciones de recreo, especialmente aquellos inscritos en lista séptima.
Qué regula la normativa estatal
La legislación estatal vigente permite que las embarcaciones de recreo de uso privado puedan destinarse temporalmente al alquiler, con un límite máximo de tres meses al año, siempre que:
- Se cumplan los requisitos de seguridad
- Se cuente con el seguro correspondiente
- Se realicen los trámites ante la Dirección General de la Marina Mercante
Esta regulación es de aplicación en todo el territorio nacional, incluidas las Islas Baleares.
El origen del conflicto competencial
El Govern balear aprobó un decreto autonómico que introduce requisitos adicionales para el ejercicio de esta actividad en las Islas. Según el Gobierno central, este decreto podría suponer una invasión de competencias estatales, motivo por el cual se ha acudido a la vía judicial.
Tal y como se ha hecho público, no se han dictado medidas cautelares, por lo que el decreto autonómico sigue en vigor hasta que exista una resolución judicial.
Uno de los aspectos más controvertidos del debate es la advertencia sobre la posible pérdida de amarres en puertos públicos para los propietarios que alquilen sus embarcaciones.
Sin embargo, conviene recordar que:
- Muchos amarres están gestionados por marinas y clubes náuticos mediante concesiones estatales
- Las competencias sobre navegación y uso marítimo corresponden al Estado
- Los trámites de cambio temporal de uso se realizan ante Marina Mercante
Este punto será previsiblemente uno de los ejes del procedimiento judicial.
Desde APROLISE, como asociación de propietarios, consideramos fundamental:
- Defender la seguridad jurídica de los propietarios
- Garantizar que no se limiten derechos reconocidos por normativa estatal
- Promover una correcta información frente a mensajes alarmistas
- Apostar por un marco regulador claro, proporcionado y coherente
La asociación seguirá con atención la evolución del procedimiento judicial y trasladará a sus asociados cualquier novedad relevante.