El Govern de les Illes Balears ha anunciado su intención de modificar el Decreto 21/2017 que regula el alquiler de embarcaciones de recreo. La nueva propuesta normativa introduce cambios relevantes que podrían afectar de manera significativa al modelo de chárter náutico en el archipiélago.
Entre las medidas previstas, destaca la obligación de disponer de un amarre, boya regulada o punto de atraque en las Islas para poder operar con fines lucrativos. Además, el borrador plantea prohibir expresamente que los propietarios particulares puedan alquilar sus embarcaciones durante un máximo de tres meses al año, como contempla la normativa estatal que entrará en vigor el próximo 15 de agosto a través del Real Decreto 186/2023.
Este planteamiento ha generado un importante conflicto institucional. La Dirección General de Marina Mercante ha acusado al Govern balear de invadir competencias estatales, recordando que la futura regulación del alquiler ocasional será de aplicación en todo el territorio nacional y no puede ser limitada por normativas autonómicas.
Por su parte, el director general de Transporte Marítimo del Govern, Antoni Mercant, ha reconocido que el decreto balear aún se encuentra en fase de tramitación. Aunque podría aprobarse a lo largo de este verano, su entrada en vigor no está prevista hasta el mes de octubre, por lo que no afectará a la temporada alta de 2025.
Desde APROLISE valoramos positivamente cualquier esfuerzo por ordenar y profesionalizar el sector, siempre que se respete el marco legal vigente. El alquiler ocasional y debidamente regulado por parte de propietarios particulares representa una vía legítima para poner en valor embarcaciones privadas, contribuyendo al equilibrio económico del sector sin renunciar a la seguridad ni a la sostenibilidad.