El próximo 15 de agosto de 2025 marcará un antes y un después para los propietarios de embarcaciones registradas en lista séptima en España. Con la entrada en vigor del Real Decreto 186/2023, se habilita por primera vez un marco legal claro que permite a estos propietarios alquilar sus embarcaciones de forma legal durante un máximo de tres meses al año.
Esta reforma legislativa, largamente esperada por parte del sector náutico, representa una oportunidad única para quienes desean rentabilizar su embarcación sin necesidad de reestructurarla como nave comercial (lista sexta). Pero, ¿qué implica exactamente esta normativa? ¿Qué pasos hay que seguir para cumplir con la ley y qué precauciones deben tener los propietarios?
Principales implicaciones
- Uso temporal comercial: Las embarcaciones de lista séptima podrán cambiar temporalmente su uso de recreo a comercial durante un periodo máximo de tres meses al año.
- Requisitos legales: Este cambio está sujeto a la obtención de una autorización específica de despacho simplificado por parte de la Capitanía Marítima, así como al cumplimiento de ciertos estándares técnicos y de seguridad (inspecciones, equipamiento, seguros…).
- Responsabilidad del propietario: El armador seguirá siendo responsable de que la embarcación cumpla con todas las condiciones necesarias para operar de forma segura y legal durante el alquiler. Además, deberá entregar el barco en condiciones óptimas y recogerlo al final del contrato, realizando una inspección en ambos momentos.
- Gestión del alquiler: Se exige realizarlo a través de una empresa náutica o plataformas especializada que se verifique estos requisitos y gestione la embarcación. Algunas plataformas como listaseptima.com han nacido específicamente para ayudar a los propietarios particulares a adaptarse a esta nueva legislación.
Este nuevo marco normativo abre una puerta significativa para muchos propietarios que buscan rentabilizar su inversión y compartir su pasión por el mar. Sin embargo, también conlleva responsabilidades y una correcta adaptación a las exigencias legales. Desde la asociación, seguiremos trabajando para que esta transición se realice con las máximas garantías y defendiendo los intereses de todos los armadores particulares.